Fuente: La República, 15.12.09
En su célebre ensayo La violencia y lo sagrado René Girard afirma que la violencia es el principio organizador de la civilización. En las sociedades arcaicas la violencia es respondida con la violencia en una dinámica destructiva incontenible. Cuando ante el asesinato de un familiar o de un miembro del clan la respuesta es matar al agresor se desencadena entre los allegados del ajusticiado una reacción de venganza, que a su vez provocará las represalias de los parciales de este, y así se instala una espiral de violencia y muerte que en el límite acaba con la sociedad misma, como lo muestra una gran cantidad de estudios etnográficos.
¿Cómo impedir que la violencia acabe con todo? Para Girard, en las sociedades modernas la respuesta fue la creación del Estado: un aparato encargado de ejercer una violencia despersonalizada, capaz de convertir la venganza familiar en justicia social. El Estado puede ejercer la violencia legal contra el asesino que ha segado una vida sin provocar la respuesta de sus familiares, en tanto no hay una venganza personal a la cual estos deban responder. Si el aparato de justicia actúa impersonalmente no hay agravio personal que lavar, y puede sancionarse al transgresor sin desencadenar una espiral de venganzas. Ahora bien, para que este mecanismo funcione debe existir la confianza en que el Estado no está contaminado por intereses particulares que puedan reiniciar el ciclo de las venganzas.
Planteo estas reflexiones pensando en la denuncia sobre la existencia de un escuadrón de la muerte, organizado por policías en ejercicio, que ejecuta extrajudicialmente delincuentes en la ciudad de Trujillo. Según el jefe policial de La Libertad, general Raúl Becerra, 56 delincuentes fueron abatidos en esa ciudad en enfrentamientos con la PNP, una cifra que rompe con cualquier precedente a nivel nacional. La investigación periodística de Ricardo Uceda, recogida en la revista Poder, presenta evidencias suficientes para ameritar una profunda investigación. El coronel PNP Elidio Espinoza, quien es señalado como el líder de este grupo paramilitar, ha sido acusado por la fiscal Rosa María Vega, junto con otros policías, por el asesinato de cuatro personas el 27/10/07, horas después de que Luis Alva Castro, en su condición de ministro del Interior, anunciara que iba a acabar con la delincuencia en esa ciudad.
Aunque la versión policial habló de enfrentamientos armados, las versiones de decenas de testigos, recogidas por la fiscal, hablan de ejecuciones extrajudiciales de delincuentes sacados en sus domicilios, que fueron abaleados en descampados, horas después; una modalidad que se repite en los testimonios recogidos sobre muchos otros casos. La respuesta a la acusación de la fiscal fue la hostilización a ella y sus familiares y las amenazas de muerte, que la obligaron a apartarse del caso.
Agrava la situación el respaldo que ha otorgado el Apra al accionar de este escuadrón desde el Mininter. Elidio Espinoza fue ascendido a coronel en ceremonia pública, con resolución firmada por Mercedes Cabanillas, por “méritos extraordinarios”, a pesar de que ya se había pedido cadena perpetua para él. Lo mismo sucedió con otros policías comprendidos en la acusación, que igualmente fueron ascendidos. Otro elemento agravante es la denuncia de que hay empresarios trujillanos que financian la realización de estos operativos.
La existencia de estos aparatos criminales goza del apoyo de un apreciable sector de la ciudadanía porque cuando la falta de seguridad alimenta la ira y el miedo se suele demandar “mano dura”, creyendo que así se va a acabar con la amenaza. Esta es una ilusión errada y peligrosa. Grupos mercenarios actuando desde el corazón del Estado, al margen de la legalidad, con el amparo del poder económico y político, son el semillero de donde se ha nutrido la peor violencia mafiosa de los narcos. Por cierto la retahíla de escándalos en que está envuelta cotidianamente la administración aprista no alimenta la imagen de un Estado imparcial. A la larga, las víctimas son siempre los de abajo.
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