Todos recordarán lo que fue el mayor escándalo de corrupción en el gobierno aprista: los "petroaudios". Todos deberán recordar expresiones como "hemos hecho un faenón", palabras como "aceitar" o "bono de éxito". Como revela hoy Perú21, todo indica que este escándalo entre "Don Bieto", Rómulo "Ratón", Del Castillo, César Gutierrez, Canaán, y hasta -por qué no- el propio García Pérez, no quedará en nada. Todos contentos regresarán a casa a ver cuándo se inicia el próximo faenón, esta vez con más cuidado.
Reproducimos para ustedes la nota completa de Perú21.
‘Petroaudios’: La investigación judicial se desplomaLuego de anular el informe de la Contraloría y la validez de los audios, ahora no encuentran irregularidades en la concesión de lotes petroleros.
Por Zarella Sierra Peralta
Quince meses después de que se difundieran los audios que revelaban los supuestos negociados entre el ex ministro del primer gobierno aprista Rómulo León Alegría y el ex directivo de Perupetro Alberto Quimper, todo parece indicar que el proceso judicial abierto por lo que se considera el mayor escándalo político del gobierno de Alan García se desplomará sin mayores consecuencias legales ni penales.
La resolución emitida el 22 de diciembre por el juez anticorrupción Jorge Barreto –que declaró la nulidad de los llamados ’petroaudios’ por considerar que estos son pruebas ilícitas que transgreden los derechos constitucionales de los “chuponeados’ – ya había dejado sin sustento documentario el expediente judicial.
Actualmente este documento solo se basa en las declaraciones testimoniales de los más de 16 implicados quienes, como es obvio, han negado haber cometido o conocido cualquier acto ilegal en el proceso de concesión de lotes petroleros a la empresa noruega Discover Petroleum International (DPI) por parte de Perupetro.
Pero el caso se agrava aún más. Fuentes judiciales informaron a Perú.21 que el peritaje encargado a dos peritos contables para que analizaran el proceso de concesión no ha arribado a las mismas conclusiones a las que llegó la Contraloría General de la República en octubre y noviembre de 2008, y que fueron sustento de la denuncia planteada por el fiscal anticorrupción Óscar Zevallos. En marzo de 2009, los informes de la Contraloría fueron declarados injustificadamente nulos por el juez Barreto.
¿NO PASÓ NADA? Según refirieron las fuentes consultadas, una de las conclusiones a las que habrían arribado los peritos señala que las modificaciones de las bases del proceso de licitación –que, de acuerdo con los informes de Contraloría, se realizaron para favorecer irregularmente a la empresa Discover Petroleum– no presentan ninguna irregularidad.
“En las próximas semanas, el informe podría estar en manos del juez. Hasta el momento no se ha encontrado irregularidades en el proceso de concesión. Las modificaciones que se plantearon no están fuera de las normas establecidas”, explicó una fuente consultada por este diario.
Asimismo, aunque la Contraloría sostuvo que Petroperú se perjudicó al aliarse con Discover Petroleum, trascendió que esta conclusión sería refutada por el peritaje realizado a pedido del juzgado. Se supo que se consideraría que la empresa peruana jugó a seguro al no invertir capital y al haber negociado un buen porcentaje de las ganancias que podría conseguir Discover Petroleum con la explotación de los lotes petroleros.
Así las cosas, mientras los peritos contables continúan afinando el examen para el cual fueron contratados y convocados por el Tercer Juzgado Anticorrupción, las diligencias a nivel judicial van llegando a su parte final. Para el análisis pericial, los expertos convocados tienen a la mano otros documentos que envió la Contraloría al Juzgado Anticorrupción (no los informes de auditoría), así como los que remitieron Petroperú y Perupetro.
COROLARIO. Por lo expuesto, todo indica que el caso ’petroaudios’, que motivó la caída del gabinete ministerial de Jorge del Castillo, sería archivado. Las pruebas que fueron adjuntadas en la denuncia fiscal y aceptadas, en su momento, por el juez Jorge Barreto han sido, una a una, desvirtuadas y anuladas por el mismo magistrado, que solo espera el informe pericial para emitir su opinión final.
